LOS ASTORISTAS ASEGURAN QUE LA LEY DE LIQUIDACIÓN DE PLUNA TUVO EL AVAL DEL PRESIDENTE MUJICA

Sector de Lorenzo responsabiliza a todo el gobierno del caso Pluna. En el FA piden solución rápida por Pluna para evitar costo político

COMUNICADO DEL CIRCULO POLICIAL DENUNCIA QUE BONOMI: “DESACREDITÓ A LA POLICÍA ANTE LA SOCIEDAD”

 “DESPROLIJIDADES 3 POR 1”

Juan Castillo viajo al interior como vicepresidente del Frente Amplio, se presentó como comunista en Melo, y participó de una asamblea del SUNCA como ex dirigente del PIT CNT

que-cagadaTras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna, el astorismo advirtió que el costo político debe ser asumido por todo el gobierno, incluido el presidente José Mujica que apoyó el proceso.

Los ministros astoristas Fernando Lorenzo de Economía y Enrique Pintado de Transporte, fueron los que cargaron con la responsabilidad de diseñar una salida tras el cierre de la aerolínea. Ahora son ellos los que deben encontrar una solución a la crítica situación que se abrió tras el fallo de la Suprema Corte deJusticia. Tan así es, que el presidente José Mujica aguarda informes que preparan ambas carteras para tomar una definición sobre el tema.

Sin embargo, en el Frente Líber Seregni que lidera Asamblea Uruguay, y acompañan Nuevo Espacio y Alianza Progresista entienden que los costos políticos no pueden recaer solo sobre Lorenzo y Pintado, ya que según afirman, los ministros actuaron con el respaldo del propio Mujica.

Consultado sobre el precio electoral que puede pagar el FrenteLíber Seregni en las próximas elecciones por el caso Pluna, el diputado Felipe Michelini, Nuevo Espacio, dijo al diario El País que “en política siempre se termina pagando algún que otro costo”, pero recordó que las decisiones de cerrar la aerolínea y aprobar la liquidación fueron “respaldadas por el presidente”.

Esto no es un tema sectorial, acá hay que hacerse cargo de todos los ministerios, de Interior, de Desarrollo Social, de Salud, por decir algunos ministerios que tienen los diferentes sectores. Si hay alguien que salga dañado, en todo caso será el gobierno, pero no un sector del Frente Amplio”, dijo Michelini.

 Pese a ello, el legislador sostuvo que el Frente Amplio“está fortalecido” porque “se actuó de buena fe” por parte de los ministros. “No estoy para nada preocupado, creo que la ciudadanía analiza no solo sobre la base de los resultados, sino sobre la base de intenciones y cuando se pasa raya la ciudadanía está en general conforme con el Frente”, acotó.

Por su parte, el Ejecutivo del Partido Socialista analizó ayer junto al director general del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, la situación generada tras la declaratoria de inconstitucional de la ley de liquidación de Pluna.

El secretario general del PS, Yerú Pardiñas, reconoció al diario El País que existe preocupación “porque la ley lo que intentó fue salvaguardar el patrimonio del Estado y lo que nos preocupa ahora es cómo sigue este tema, porque la declaratoria de la Corte puede habilitar a que otros actores presenten demandas de inconstitucionalidades”.

Pardiñas indicó que “la preocupación más fuerte es cómo se hace para contar con la empresa aérea de bandera uruguaya”, en referencia a la cooperativa de trabajadores Alas, Uruguay, la cual espera un préstamo de US$ 15 millones de parte del Fondes.

No hay dudas que con esta sentencia se bloquea bastante el pronto empleo de los aviones y eso condiciona también el uso de las frecuencias de navegación que estaban reservadas. Ahí está la preocupación que tenemos”, explicó Pardiñas.

Con respecto a la estrategia definida por el gobierno en el tema, Pardiñas indicó que “de repente la alternativa de hacer la ley para salvaguardar a los aviones no fue la mejor. O no supimos encontrar los mecanismos para que no fuera interpretada como inconstitucional, pero sabemos que estas acciones de inconstitucionalidad a veces tienen fundamentos políticos más allá de las normas y con la Suprema Corte ya sabemos que hay varias divergencias políticas”.

 Pese a ello, Pardiñas indicó que “más allá de los errores, el Frente Amplio puede decir que actuó con transparencia política discutiendo en el Parlamento y con un hondo compromiso para encontrar una salida”. Asimismo, reconoció que las decisiones de gobierno “siempre generan costos e ingresos políticos”.

Desde el Movimiento Participación Popular, siguieron la línea del gobierno de no hablar del tema, pero sí fustigaron el papel que está jugando la oposición. “Este es mi gobierno y soy muy frenteamplista, el sacar rédito de esta situación poco hace para resolver el problema. Cuando uno gobierna la mochila la tiene que llevar puesta”, dijo el diputado Aníbal Pereyra del MPP.

 Hasta el lunes, la jueza de concursos Teresita Rodríguez Mascardi no había recibido el expediente de la liquidación judicial de Pluna, que continúa en la Suprema Corte de Justicia, que el jueves por tres votos contra dos declaró la inconstitucionalidad de los tres primeros artículos de la ley 18.931, que estableció la creación de un fideicomiso al que fueron transferidos los aviones de la aerolínea quebrada.

 “Hace un año y medio que yo no veo el expediente”, expresó Rodríguez Mascardi al ser consultada. La magistrada indicó que desconoce cuánto tiempo demorará la Corporación en devolver la causa a su sede, por lo que no sabe en qué plazo estará en condiciones de reactivar el trámite del concurso.

 Por otro lado, en Argentina una cámara comercial ratificó la decisión de primera instancia de un juez bonaerense de no tramitar en ese país el concurso de Pluna, que en Argentina tenía cerca de 90 trabajadores.

 La resolución judicial sostiene que la Justicia argentina no debe dar curso a la liquidación de la filial de Pluna en ese país en virtud de lo que determina un antiguo tratado de 1940. Así, los acreedores de Pluna en Argentina deberían presentarse en el concurso judicial en marcha en Uruguay, a cargo de la magistrada Rodríguez Mascardi.

 De todos modos, el pronunciamiento de la Justicia argentina no es definitivo ya que Pluna Ente Autónomo llevó el caso a una tercera instancia. El año pasado, para tramitar la liquidación de Pluna en Buenos Aires, el Estado contrató al estudio Van Rafelghem & Asociados al que pagó US$ 20.000.

Las consecuencias del fallo

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la ley del cierre de Pluna e hizo volver los siete aviones Bombardier de la ex aerolínea al concurso de acreedores, en el Frente Amplio hay preocupación por las fallas del proceso y advierten que debe haber una salida rápida al conflicto para reducir el costo político.

 El lunes, el director general del Ministerio de Economía, PedroApezteguía, informó al Ejecutivo de su sector, el PartidoSocialista, sobre el proceso. En la reunión el jerarca señaló que la ley será derogada y que lo más probable es derivar la responsabilidad en el síndico. Por su parte, los dirigentes pidieron que el gobierno respalde el proyecto de Alas del Uruguay, por el cual los ex trabajadores de Pluna conformarán una aerolínea.

 Aunque en el Poder Ejecutivo domina el silencio sobre el tema, hay sectores que reconocen el costo político de la declaración de inconstitucionalidad que realizó la Suprema Corte de Justicia.

 “No hay dudas que esto es complicado, que nos genera una situación incómoda en el sentido que un proyecto de ley que había sido trabajado fuertemente por el gobierno y la bancada de gobierno, es declarado inconstitucional; por lo cual hay un desgaste político a revertir”, dijo al diario El Observador el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas.

 Si bien el impacto de la caída de Pluna sobre la población fue mínimo por el porcentaje de usuarios que tenía la aerolínea, lo que más preocupa es la imagen del gobierno, dijeron otros integrantes del Ejecutivo socialista que estuvieron en la reunión con el jerarca de Economía.

 Los dirigentes advirtieron que debe haber una respuesta rápida al conflicto para dar una solución al tema. Además, ante la anunciada interpelación a los ministros Fernando Lorenzo y Enrique Pintado, en el progresismo entienden que lo ideal sería presentar la solución en esa instancia parlamentaria, dijeron dirigentes socialistas y del Nuevo Espacio, sector del ministro Lorenzo.

 El sábado, durante el Consejo de Ministros, Lorenzo señaló que estudia el tema para dar una salida.

 El secretario general del Partido Socialista sostuvo que su sector estudiará la sentencia de la Corte, “para ver si hubo errores o equivocaciones, o si son identificados a posicionamientos distintos frente a las normas”. Aunque no hay posicionamiento público, en el Poder Ejecutivo también analizan la sentencia.

En el fallo de la Corte, tres de los cinco ministros entendieron que los artículos 1, 2 y 3 de la ley que creó el fideicomiso violan la Constitución. En tanto, los otros dos, entendieron que los accionantes no estaban legitimados para presentar el recurso.

 Según se supo, durante la reunión del Ejecutivo del PS con Apezteguía fue considerado que si todos los ministros de la Corte se hubieran expedido sobre el fondo del tema la votación habría sido unánime.

El síndico de Pluna SA, Gabriel Ferreira, presentará esta semana un nuevo recurso de inconstitucionalidad, en nombre de los acreedores de Pluna, contra la ley que quitó los aviones del concurso.

En tanto, si bien no está clara la salida, los socialistas pidieron asegurar las fuentes laborales. “Nos preocupa en qué situación quedan ahora las posibilidades de inserción de los trabajadores que habían generado la alternativa de Alas del Uruguay y cómo seguimos defendiendo la conectividad, que eran dos de los tres elementos que estaban fundamentando la ley que se votó”, afirmó el secretario general del PS.

En la reunión fue considerado que durante el proceso de negociación de los tres aviones que pretendía comprar la aerolínea sindical puede haber un abaratamiento de su costo, proyectado en total en US$ 46 millones a pagar en diez años.

 El síndico de Pluna SA, Gabriel Ferreira, advirtió que la declaración de inconstitucionalidad de la ley de cierre de la ex aerolínea fortalece el proyecto de los ex trabajadores de la empresa. Según habían advertido al Ejecutivo, la venta de aviones con la ley vigente podía dar lugar a embargos en otros países. Sin embargo, al caer la ley, “esa incertidumbre desaparece”, según dijo Ferreira a la radio El Espectador.“La información que ha circulado era que en la situación que se estaba dando la enajenación de aeronaves a la cooperativa podía tener problemas en determinados aeropuertos, ya sea de Argentina o de Brasil. Evidentemente había que esperar a que esa situación se diera para ver cuáles eran las consecuencias, pero si había alguna incertidumbre, al pasar al proceso concursal y enajenarse por la ley 18.387, esa incertidumbre a mi entender desaparece y fortalecería el proyecto de Alas U”, afirmó.

 El fallo de Suprema Corte de Justicia “impactó” y causó “sorpresa” en Lorenzo.

 “Si alguien siquiera me hubiese advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto”, dijo el ministro de Economía en particular sobre la observación respecto a que la ley de liquidación de Pluna no respeta la separación de poderes.

 El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aseguró en declaraciones al diario La República que tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna su “intención colaborar con la jueza a cargo del concurso y con la sindicatura en todo lo que corresponda”.

 Sin embargo, que varios aspectos del fallo de la Suprema Corte deJusticia le generan sorpresa, en especial el que indica que con la norma se desconoció el principio de separación de poderes.

 “Por encima y antes de mi condición de ministro de Economía y Finanzas soy un ciudadano que, como tantos otros, vivió la dictadura y tengo muy claro el significado de la separación de poderes y su valor para el funcionamiento democrático”, afirmó Lorenzo.

 Y añadió: “Esa observación de la Suprema Corte de Justicia me impactó especialmente. Si alguien siquiera me hubiese advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto. No tengo problema en reconocerlo”.

 “La iniciativa que le propusimos al Parlamento fue, en lo previo, analizada con toda exigencia desde el punto de vista jurídico. Creímos haber tomado todos los resguardos necesarios desde ese punto de vista”, argumentó Lorenzo.

 Luego dijo que “habiendo escuchado que el síndico va a hacer un planteo de inconstitucionalidad es nuestra intención allanarnos al planteo, de manera que no haya necesidad de que el asunto sea objeto de ninguna clase de controversia ni contratiempo”.

Asimismo, el astorismo advirtió que el costo político debe ser asumido por todo el gobierno, incluido el presidente José Mujica que apoyó el proceso.

El FA es responsable por el manejo de la liquidación de Pluna. Le erramos algunas cosas, somos humanos no autómatas. No nos hace bien echarnos culpas entre nosotros. Tenemos que estar alineados con el gobierno”, señaló esta mañana en Radio Rural, el dirigente del partido socialista Yerú Pardiñas.

El Frente tiene otro lío machazo con el Círculo policial, el cual en un comunicado de prensa dice que: Bonomi “desacreditó a la Policía ante la sociedad”

En un comunicado el Círculo Policial afirma que el ministro dijo que “la Policía había “plantado” un arma al fallecido, cosa que nunca se probó en sede judicial”.

 El Círculo Policial del Uruguay emitió un comunicado en el que “rechaza por improcedentes, descontextualizadas y fuera de lugar las manifestaciones del ministro del Interior”,EduardoBonomi que expresó que la Policía había “plantado” un arma al fallecido.

 “Cosa que nunca se probó en sede judicial, ni en el fallo de la Justicia, por el contrario, la jueza manifestó desconocer el hecho. Además agregó ligeramente y sin pruebas, que muchos policías portaban armas ‘truchas’ para plantarlas en caso de tener problemas, lo que generó más descrédito aún de la Policía ante la sociedad”, aseguran.

 Se trata de manifestaciones que, para el Círculo Policial, Bonomi“debería realizar ante la Justicia y no ante la prensa, so riesgo de estar cometiendo eventualmente el delito de difamación”.

 Se asegura que “en el supuesto de que los policías portan ‘armas truchas’ para plantarlas y el Sr. ministro tenía conocimiento de ese ilícito, él mismo, como primer y único responsable de la Policía, no adoptó medidas para controlar tal ilegalidad”.

 “No es la Policía quien debería pedir disculpas por lo acontecido, el mismo ministro debería hacerlo, ya que, si a lo largo de su administración se ha erigido como comandante, conductor, único vocero y juez de la institución, en circunstancias adversas como ésta, no debería pretender esquivar su responsabilidad”, afirma el Círculo Policial.

En Santa Catalina mientras tanto se suman más denuncias por abuso policial.

 La InstituciónNacional de Derechos Humanos recibirá este martes una serie de denuncias por maltrato policial de vecinos del barrio Santa Catalina, donde el pasado lunes 4 el joven Sergio Lemos fue ultimado por la espalda por un policía.

La integrante de la Institución, Mirtha Guianze, dijo al diario El País que hoy serán recibidos los vecinos, en su mayoría jóvenes, para que presenten sus casos. Los residentes del barrio afirman que el abuso policial es constante en el barrio. El pasado viernes, Guianze acompañó a una joven que tras el asesinato de Lemos fue golpeada por la Policía.

 Según informó el periódico La Diaria, esa noche Lorena Fagúndez, de 20 años, concurrió al centro coordinador del Cerro, donde había sido llevado el cuerpo de Lemos. Luego de que una mujer rompiera un vidrio del centro asistencial, según la versión de Fagúndez, un policía de la seccional 19° se le acercó y le propinó un golpe en el rostro. Otro la golpeó con un palo en la nunca. Ya en el piso, la seguían pateando. Intentaron llevarla presa pero funcionarios de la policlínica lo impidieron y le dieron asistencia. Fue derivada al Hospital Maciel, y cuando fue dada de alta, el pasado viernes, recurrió a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Allí fue recibida por Guianze, que la acompañó a la sede penal de la jueza María Elena Maynard para que radicara la denuncia. Esa misma tarde fue vista por un forense. Se espera que en las próximas horas los policías intervinientes sean citados a declarar.

 Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos. preparará un trabajo sobre la violencia en las zonas rojas del país y la actuación de la fuerza policial.

 Lemos fue ultimado de tres disparos por la espalda el pasado lunes 4, cuando un policía lo confundió con un rapiñero, en el barrio Santa Catalina. “La madre está muy mal y el hermano de 8 años no duerme, estamos procurándole un psicólogo. La novia, que vivía con él hacía dos años, también está mal, vamos a ver si le conseguimos un psicólogo, que sus honorarios los cobre después del juicio o ver si se puede conseguir a través de esas asociaciones civiles sin fines de lucro”, agregó la abogada. En cuanto a la causa, se trabaja para que el policía sea procesado por homicidio agravado y no simple, como dictaminó la jueza.

 También se conoció que cuatro militares permanecen detenidos por denuncia de abuso.

 Esta tarde continuará la indagatoria en el marco de la denuncia de abuso sexual de un soldado en Mercedes contra militares. En este momento hay cuatro detenidos y uno emplazado, informó el juez penal que atiende el caso, Marcelo Souto.

No es habitual, es totalmente extraño y ajeno a lo que son los principios que debe tener cualquier integrante de las Fuerzas Armadas”, dijo el jefe de Relaciones Públicas del Ejercito, MarioStevenazzi.

Lamentablemente acá hubo algunos fallos”, dijo el vocero y explicó que quizás el soldado por ser muy joven no se reportó a los oficiales del Ejército que debía, para que tomaran medidas inmediatas.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo: “No teníamos ningún conocimiento de casos de este tipo y estamos sorprendidos”, informó al periódico Ultimas Noticias.

 El ministro explicó que “está actuando la Justicia y se debe permitir que investigue”, y “obviamente” colaborarán con “todo lo que sea necesario”.

 Además, informó que se les inició sumarios administrativos a los militares involucrados en el caso, tal como establece el protocolo.

 En su denuncia, que fue difundida por la Agencia Soriano deNoticias, el soldado agredido explicó a la Policía que debió “huir” del campamento el sábado luego de que en la noche del viernes fue hostigado.

El soldado contó a los policías que antes de una guardia fue llamado por un grupo de efectivos que se encontraba en el campamento. Relató que los militares estaban tomando vino y le ofrecieron, a lo que se negó.

 Al día siguiente, escapó del campamento y se escondió hasta poder denunciar su situación a la policía de Palmar. Luego de su denuncia fue alojado en la sede del Batallón de Mercedes bajo custodia militar y se le realizó una pericia física.

 Huidobro dijo que el caso del soldado que denunció abuso le da “una pésima impresión”.

 El ministro de Defensa espera que la Justicia actúe “con severidad” y que ya se iniciaron sumarios a los involucrados

 El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, en diálogo con el diario El Observador, se refirió al caso del soldado de 1ª de 24 años que ejercía actividades en la policía de Mercedes y que denunció haber sido abusado sexualmente por militares. “Me da una pésima impresión”, dijo.

 Señaló que se siente “sorprendido” por la situación denunciada.

La Justicia está actuando y debemos permitir que investigue”, dijo Huidobro.

 Concluyó además que en una posterior instancia debería actuar la Justicia Militar, para determinar si hubo delito.

 AFE ahora está sin personal, los incentivaron a irse y ahora les piden que se queden.

 De 980 funcionarios se irán 600 y áreas clave del ente quedarán casi sin gente

 Casi vacío, así quedará el ente ferroviario AFE cuando se termine de completar la salida de personal prevista por la reestructura impulsada desde el Poder Ejecutivo, que consiste en convertir al organismo público en el encargado de ofrecer los servicios de infraestructura, y trasladar la gestión de operaciones de carga a una nueva empresa 51% en manos de AFE y 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, actuando bajo el derecho privado. Con dos herramientas, el retiro incentivado y un nuevo sistema de declaración de excedentes, el organismo público se planteó renovar y reducir la plantilla. Pero en el camino se quedará con un déficit de recursos humanos difícil de revertir en áreas clave, y que ahora pretende atajar explorando “pactos” con los funcionarios decididos a irse para su casa o a otro destino dentro del Estado.

 Las áreas “Operaciones” y “Material Rodante”, por ejemplo, quedarían desiertas y bajo la órbita de la nueva empresa operadora, que hoy tiene solo un funcionario en plantilla: el gerente general, Gonzalo Ponce de León.

 Un ejemplo: en el tramo entre Nico Pérez de Florida y Río Branco, Cerro Largo, AFE tiene 20 maquinistas para realizar las operaciones. De ellos, 12 ya pidieron el retiro incentivado y se van este año. Los ocho que quedan podrían operar cuatro yuntas del tren, ya que cada una debe ser gestionada por una dupla de maquinistas. Pero a su vez cinco de los ocho que quedan piensan tramitar la excedencia, según contó al diario El Observador el secretario general de la Unión Ferroviaria, Ricargo Cajigas.

 No hay personal en el mercado que pueda desempeñarse como maquinista. Deberían ser instruidos y cumplir con las prácticas, lo que lleva dos años como mínimo. Además, los maquinistas de AFE están capacitados para una línea específica de las que están operativas en Uruguay. No pueden trabajar en otras, como si fuera una libreta de conducir autos, que es válida para todo el territorio. Si se cumple el extremo que muchos advierten en AFE, pueden ser suspendidos servicios actuales. El ente ferroviario transporta materiales como cemento, piedra o madera.

 Lo mismo sucede en otras áreas clave como Tráfico, adonde los funcionarios gestionan y diseñan el uso de las vías, que a excepción de unos kilómetros en zona metropolitana, sirven para transitar de un sentido a la vez. Allí 30% del personal se puede ir este año.

 La realidad hizo que el directorio del ente ferroviario piense en buscar acuerdos con trabajadores, o contratar a empresas privadas para cumplir con tareas que quedan sin funcionarios. “Hasta el 28 de febrero tenemos la facultad para hacer algunas contrataciones. De lo que no podamos, vamos a recurrir a la contratación de empresas privadas para que provean los servicios que se vean más resentidos por los retiros. Pueden ser empresas constructoras para las vías, u otro tipo de servicios administrativos que se vean resentidos, haciendo contratos hasta que tengamos potestades constitucionales para restituir la plantilla”, informó el vicepresidente de AFE, Álvaro Fierro. La posibilidad manejada por el jerarca no sirve para esas áreas operativas clave, como maquinistas o quienes se encargan de controlar el tráfico.

 Fierro reconoció la dificultad, y por ello habló de explorar “pactos” con trabajadores para evitar que áreas queden totalmente vacías. “Estamos obligados a cumplir con los retiros, lo cual no quiere decir que no podamos pactar en algunos casos con los involucrados, para que dilaten las condiciones de sus retiros”, dijo.

 AFE tiene 980 funcionarios en la actualidad. De ellos, 360 aproximadamente, están en condiciones de aceptar un retiro incentivado que por decreto habilitó el gobierno, y que consiste en pagarle durante cinco años casi tres cuartas partes de su sueldo para que abandone el cargo. El resto de los funcionarios (60%) pueden ser declarados excedentes y trasladados a otras oficinas del Estado, manteniendo su remuneración y rango.

 Hasta ahora, más de 200 funcionarios de los 360 habilitados ya iniciaron su trámite para abandonar el organismo. Esos primeros 200 antes del 31 de diciembre se van. El resto tiene hasta la segunda quincena de enero de 2014, y según calculan en AFE la mayoría aceptará la oferta. De ser así, la plantilla del ente se reduce 40%. Los únicos requisitos son tener 58 años de edad a fin de año y 30 años de servicio, lo cual plantea retiros al barrer, sin discriminar capacidades, talentos o necesidades del organismo.

 El resto de los funcionarios ya pueden pedir ser declarados excedentes, o bien AFE puede decidir hacerlo. Con la promulgación de la ley de Rendición de Cuentas, entró en vigencia el artículo 202, que detalla el nuevo sistema de excedencias. Existe un compromiso no escrito entre trabajadores y la administración del ente para aceptar cada uno de los pedidos de excedencia. Según explicó Cajigas al mencionado periódico hay más de 200 trabajadores que piensan pedir la excedencia porque no están de acuerdo con el nuevo modelo de gestión que impulsa el gobierno. Por lo tanto, sumado a los retiros incentivados son aproximadamente 600 de 980 quienes se van de AFE en los próximos meses.

 La semana pasada el directorio, que está sin presidente tras la destitución de Jorge Setelich el hijo del líder guerrillero Raúl Sendic, y espera que asuma Carmen Melo, recibió a una delegación de la Unión Ferroviaria. Allí, los representantes de los trabajadores consultaron a las autoridades cuál era el plan de contingencia ante el inminente vaciamiento de personal que sufrirá el ente. Pero AFE no tiene un plan de esas características.

 La nueva operadora ferroviaria, que estará encargada de gestionar los servicios de carga, deberá en lo que queda del año completar su plantilla, que hoy se compone solo de un gerente general.

 En el primer período de gobierno democrático pos dictadura, el presidente del ente, Juan Berchesi entre 1985 y 1990, aplicó con mucho énfasis la ley para declarar excedentes a casi la mitad de los funcionarios de AFE. De los casi 9.000 funcionarios que habían al momento de su asunción, quedaron menos de 4.000 cuando se alejó de la empresa, según consta en memorias anuales. Una de las funcionarias que cayó en las declaraciones de excedencia del ente fue Carmen Melo, quien asumirá esta semana como nueva presidenta de AFE. Según dijo Cajígas, durante las declaraciones de excedencia hubo empleados que se suicidaron porque se les bajó el sueldo con el cambio.

 Esta semana asumirá Carmen Melo como presidenta de AFE. El presidente José Mujica se decidió por la funcionaria de carrera que desde hace más de 30 años desempeñaba funciones en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), adonde fue a parar luego de ser declarada excedente dos veces. Hasta ahora era la directora general de ese organismo. Pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), y fue fundadora de la Unión Ferroviaria en 1983. El mandatario la definió como una persona de “carácter”.“No sé, supongo que sí”, respondió Melo cuando El Observador le preguntó si lo era. Tiene una relación estrecha con el gremio. De hecho, vive en Sayago en el mismo complejo habitacional que el secretario general del sindicato, Ricardo Cajigas.

 Uno de los dirigentes del Frente Amplio, y del Partido Comunista, al parecer se olvidó que ya no es más dirigente del PIT CNT y terminó armando un buen escándalo en el departamento de Cerro Largo.

 La primera actividad que realizó el vicepresidente del Frente Amplio en Melo, Juan Castillo, fue concurrir al obrador de Techint, donde estaban los trabajadores hablando sobre el convenio colectivo.

 El martes por la mañana amaneció en Melo el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, para participar de distintas actividades en Cerro Largo, básicamente relacionadas con la inauguración de dos comités de base.

 La primera actividad que realizó fue concurrir al obrador de la empresa Techint, donde los trabajadores estaban reunidos en asamblea. El presidente del Sunca filial Cerro Largo, RoqueCalcagno, les informaba a los obreros sobre el convenio colectivo, cuando abruptamente llegó a la asamblea Castillo.

 Calcagno señaló que “Castillo fue a la obra en representación del Pit Cnt, cuando ya no lo es, se reunió sin autorización de la empresas y sin consultar al Sunca a hacer una asamblea política repartiendo folletos e invitando para la inauguración de un comité político”.

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